Iniciar el proceso de integración social tras haber cumplido condena en un centro penitenciario puede representar para las personas exreclusas un camino plagado de dificultades. Carecer de vínculos familiares, condenas largas, que dificultan la comprensión de cambios sociales o tecnológicos, la falta de empleo y/o alojamiento, desarraigo, soledad, exclusión etc, son situaciones habituales a las que se enfrentan muchas personas exreclusas que requieren de una intervención coordinada entre los servicios sociales de las distintas administraciones, así como de otras organizaciones de carácter social, con el fin de ofrecer a las personas un proceso de inclusión social. Proceso en el cual el acceso a una vivienda se convierte en un factor determinante para la integración social.

Desde la Dirección General de Vivienda se han elaborado unas instrucciones para la actuación y coordinación con el objetivo de prevenir la falta de vivienda de personas procedentes de centros penitenciarios, así como dar respuesta en esta materia a una población en situación de mayor vulnerabilidad. 

Asimismo, fueron publicadas por la Dirección General de Vivienda unas instrucciones para la adjudicación de vivienda por el procedimiento de urgencia a mujeres víctima de tratas/explotación sexual, matrimonio forzado o cualesquiera que se encuentren en contextos de prostitución.